Madrid.
La asociación SOLCOM,  una entidad para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social, asegura que casi la mitad de los casos de discriminación denunciados este año y que afectan a discapacitados están relacionados con la educación, así como que los casos más frecuentes se dan en niños y niñas con diversidad funcional (discapacidad) que, “por imperativo judicial o administrativo, son excluidos de la educación ordinaria”. Estas consideraciones están recogidas en el “Informe de Derechos Humanos SOLCOM 2011”, en el que se precisan “las violaciones en España de la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad de la ONU”.
El citado informe, presentado recientemente por María Luisa Ruiz-Jarabo, la presidenta de SOLCOM, y Javier Romañach, miembro del Foro de Vida Independiente, es el segundo que realiza esta asociación sobre supuestas violaciones de la Convención, que está vigente en España desde 2008. En el estudio, con el que se pretenden recopilar casos de discriminación que afecten a discapacitados físicos o intelectuales, se subraya que el artículo más vulnerado de la Convención es el 24, relacionado con la educación, que representa el 48,6% de los casos, seguido por el 7 (niños y niñas) con el 36,1%, y ya muy lejos por el 9 (accesibilidad) con el 22 %.

Desde temprana edad

“En España se excluye y discrimina desde temprana edad”, según las conclusiones del informe, en el que se califica de “preocupante” el hecho de que la educación, junto con el amparo a las niñas y niños, sean los ámbitos entorno a los que se han presentado más denuncias.
Itziar Fernández, coordinadora de la asociación, en declaraciones realizadas a Efe, precisó al respecto que “el 90% de los niños con diversidad funcional que deberían recibir una ‘educación inclusiva’ en colegios ordinarios no lo hacen y son desviados a centros de educación especial”, y añadió que “por ley lo que deberían de hacer las administraciones es proveer programas de integración dentro de los colegios ordinarios para que los niños puedan estudiar junto con el resto de compañeros en absoluta normalidad”.
No obstante, según Fernández, los centros alegan falta de recursos y los técnicos de la administración realizan unos informes psicopedagógicos con los que justifican que estos niños no están preparados para estudiar en un centro ordinario y los envían a uno especial. Después, “los jueces lo respaldan y los padres se encuentran solos ante esta situación”, concluyó.
El artículo 24 de la Convención, según indicó Fernández, “sigue siendo muy vulnerado, y lo hace desde la infancia hasta la Universidad”, tal y como ha evidenciado otro informe encargado por la asociación a un grupo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid.
El informe, coordinado por el profesor Luis Lloredo, ha analizado el cumplimiento de las universidades de la normativa que les obliga a incluir en los planes de estudios contenidos sobre accesibilidad. Sólo el 10% de las 76 universidades españolas, siete concretamente, cumple con la ley y lo hace al cien por cien, según el citado informe.