Carlos López Cortiñas
Secretario general de FETE-UGT

el 2010, lo haremos con la sensación de haber dejado, obligados por la situación, un buen número de asignaturas pendientes. Y digo obligados, porque no hemos sido nosotros los que, en su momento, decidimos parar la negociación o comenzar con los recortes sociales. Por todos es conocido que una buena parte de las últimas decisiones gubernamentales adoptadas han atacado duramente al colectivo docente. Junto a una negociación prácticamente inexistente, vino el recorte salarial y la correspondiente pérdida de poder adquisitivo, para continuar con el anuncio del peligro de desaparición de la jubilación voluntaria anticipada, una medida en la que el Gobierno no estuvo solo pues contó también con la defensa, desde sus “santuarios de cátedras universitarias“, de algunos sociólogos que luego callan cuando desde otros sectores, menos estresantes que la enseñanza, se accede a la jubilación a partir de los 55 años.
Decisiones, todas ellas, desafortunadas a nuestro juicio que no han hecho más que agravar el malestar del profesorado. Claro que tampoco podemos quitarnos responsabilidad los sindicatos al ser incapaces de avanzar en la negociación colectiva, de manera que esta fuese un instrumento de motivación y de mejora en las condiciones laborales del profesorado. Pero ha sido precisamente de ese descontento del colectivo docente del que FETE-UGT se hizo portavoz durante la reunión mantenida con el nuevo secretario de Estado de Educación, Mario Bedera. El encuentro sirvió para conocer la intención ministerial de revitalizar aspectos que se han mantenido aletargados en el tiempo, como es el caso de la negociación del Estatuto Docente.
El anuncio de un intento de vuelta a la normalidad, entendiendo esta como la relación negociadora entre Administración y sindicatos, nos alegra al mismo tiempo que nos hace mantenernos firmes en nuestra posición. Cuando FETE-UGT vuelva a sentarse en una mesa para negociar, lo hará dejando claro que en el Estatuto Docente no solo se deberá fijar la carrera y promoción profesional, sino también el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada, una exigencia que seguiremos defendiendo con firmeza al entender que se trataría de un premio merecido para todos aquellos profesores y profesoras con un elevado número de años de servicio, y que a su vez permitiría el acceso a la docencia a muchos jóvenes aspirantes.
Precisamente, en la negociación sobre el acceso a la Función Pública Docente deberá tenerse en cuenta la revisión del máster de secundaria, que no está cumpliendo los objetivos previstos, e incluso se podría buscar un nuevo acceso orientado a la obtención de los mejores profesionales para la docencia. Entendemos que para conseguir dicho objetivo debe existir una buena complementación entre la formación inicial y el prácticum. En este sentido, el máster ha sido la oportunidad perdida, puesto que además de no implicar suficientemente en dicho prácticum a los profesores de secundaria, ha traído consigo desconcierto tanto ante la deshomologación de costes como de horas presenciales.
Estatuto, jubilación, acceso, son un ejemplo de la larga lista de asuntos pendientes de acuerdo y de los que no nos hemos olvidado. Como tampoco lo hemos hecho, y así quisimos recordárselo al secretario de Estado, de otros no menos importantes como la revisión de las enseñanzas postobligatorias. Flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional y de Bachillerato, mejora de la Educación Infantil con el Educa 3, ampliación de los PROA…
No vamos a olvidarnos de abrir un debate sobre aspectos que necesitan concretarse para mejorar el sistema educativo: la formación de los docentes, la implicación de las familias en la enseñanza de sus hijos y el esfuerzo que impone el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, echamos en falta el liderazgo del Ministerio en relación al debate que debe originarse en el seno de la comunidad educativa y entre las comunidades autónomas, con el fin de consensuar directrices comunes que con posterioridad permitan su adecuación en los diferentes territorios.
Es el momento de reflexionar sobre el modelo de centro, empezando por su propia estructura, de manera que posibilite al alumnado su permanencia en el mismo desde los 3 hasta los 18 años. Tampoco debemos olvidar el papel de la dirección, de la inspección y de los nuevos perfiles profesionales que se requieren, además de la participación de la comunidad educativa en la institución escolar y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Otro asunto a tener en cuenta es el R.D transitorio de acceso a la Función Pública, cuya vigencia está a punto de finalizar. Debemos seguir trabajando tanto en la selección de los futuros docentes y en su formación inicial (con una complementación equilibrada entre teoría y práctica), de manera que nos acerque lo más posible hacia lo que denominamos “cuerpo único de enseñantes”, como en una carrera profesional que reconozca, desde el punto de vista retributivo, el trabajo en el aula. Dentro de este debate no podemos obviar el elevado número de alumnos que no obtienen la titulación de la enseñanza obligatoria, lo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de reorganización del currículo de la ESO, que pasaría por su flexibilización y por priorizar una atención más personalizada del alumnado y un trabajo en equipo del profesorado.
Sabemos que entre todos podemos hacer que las cosas mejoren. El anuncio del secretario de Estado de Educación de retomar la negociación es solo un primer paso. Aprovechémoslo, eso sí, con exigencia, coherencia y responsabilidad. Ojala las buenas intenciones se plasmen en hechos concretos que suplan al fallido intento de “Pacto por la Educación”.