Ahora más que nunca, eficiencia social

A mi entender, España ha hecho en muy poco tiempo, y con éxito, lo que muchos países han necesitado décadas para hacer. Partíamos del peso gris de una dictadura, consolidamos la democracia, incluimos en la Constitución el concepto de Estado democrático, social y de derecho, y en poco más de 15 años, con los gobiernos progresistas, se forjó un estado del bienestar próspero y equitativo.
Pero las cosas ya no son iguales. Ni en lo social, ni en lo económico. Sufrimos los efectos de una crisis económica de la cual, justo ahora, empezamos a ver algunos indicadores en positivo. El país ha cambiado. Baja demografía, cambios profundos en las estructuras familiares y llegada de la inmigración. Con toda la presión que ha significado sobre nuestros servicios públicos y con todas las contradicciones e intolerancias que la crisis ha puesto al descubierto.
A todo esto, nuestra economía ha ido perdiendo competitividad. Lo demuestran, entre otras cuestiones, los procesos de deslocalización que ha experimentado. Sectores que han vivido momentos económicos espumantes combinados con empleo de baja calidad y que una vez ha pasado la euforia han dejado al descubierto el gap de competitividad del conjunto de nuestra industria y servicios avanzados. Debemos introducir cambios de fondo, sin prejuicios: el catálogo de reformas pendientes es ya tan amplio como urgente.
En el caso de la educación, debemos de entrada recordar algunos aspectos previos. Nuestro país ha construido un potente sistema público en poco tiempo. Ha pasado de escolarizar universalmente a los alumnos de 6 a 14 años hasta hace sólo 20 años, a hacerlo hoy con toda la población entre los 3 y los 16. Y son muchos los usuarios y usuarias de una cada vez más potente red de educación infantil de 0 a 3 años. En cambio, seguimos teniendo una pirámide invertida: un buen nivel de estudiantes en la educación superior. Y porcentajes bajos de graduación en estudios postobligatorios.
La cuestión es: ¿Cómo hacer que todos los recursos aplicados a la educación sean inversión y no gasto? ¿Cómo verificamos, contabilizamos, el retorno de esa inversión? ¿Tenemos conocimiento real de lo que administraciones y familias dedicamos a la educación? ¿Cuándo comparamos con otros países el porcentaje de la educación en el PIB tenemos en cuenta toda la aportación privada real?
En todo caso hay que seguir la senda incremental de los recursos dedicados a la educación pero añadiéndole un principio cada vez menos discutible, creo: la mejora de los resultados en nuestra educación básica -obligatoria y postobligatoria-, derivará de los cambios y transformaciones operados en los factores críticos que los condicionan, no del supuesto efecto automático de la dedicación de más y más recursos.
En ese sentido, al servicio de esa estrategia de mayor eficiencia social podemos identificar algunos principios y criterios útiles.
1. Invertir en calidad del profesorado estableciendo criterios de aptitud en los procesos de captación para la formación inicial y en los de acceso a la función docente.
2. Dirimir la confusión entre servicio público y función pública. Las escuelas no son negociados, ni los maestros y profesores son administrativos en busca o a la espera de plaza definitiva. Esto significa: carrera profesional, estímulo y reconocimiento relacionado con resultados.
3. Introducir las tecnologías de la información y la comunicación, instrumento imprescindible para la renovación pedagógica. Se trata de cambiar el concepto aula y de grupo de alumnos, apoderando la relación individual docente-alumno. Y todo ello con reducción explícita de los actuales e inaceptables costes de libros de texto y material didáctico.
4. Delimitar con claridad el concepto de gratuidad aplicada a la educación. Establecer ámbitos y formas de ejercer la corresponsabilidad: copago, autonomía para definir niveles de calidad al que cada centro quiere acceder. Y, sobre todo, definir un sistema potente de ayudas sociales con objetivos compensatorios, pero también para estimular la continuidad formativa y reconocimiento del mérito.
5. Aplicación generalizada de autonomía de los centros con puesta en marcha paralela de un sistema de evaluación y el establecimiento de medidas contractuales entre administración y centros (públicos y privados) que permitan explicitar objetivos de mejora y revisar su grado de cumplimiento.
Serán mucho más significativos los efectos derivados de una mayor coherencia con el uso de los recursos disponibles (humanos, económicos y tecnológicos) que los que pueden obtenerse mediante la apelación tradicional a más y más recursos. Especialmente si no somos capaces de modificar los parámetros de distribución presupuestaria que nos caracterizan. Josep Maria Vallès escribía hace un tiempo en este mismo diario que el discurso incrementalista no es válido. Si alguien está enfermo, decía, y le damos una medicina y no mejora, al médico no se le ocurrirá ir incrementando la dosis sin poner ningún techo. Seguramente buscará fórmulas alternativas, combinaciones de fármacos o una organización horaria de las dosis diferentes.
Pues bien; de eso se trata. De buscar nuevas fórmulas de organización, que den más sentido al objetivo marcado, consolidando los derechos de la ciudadanía y que hagan que el concepto de servicio público en educación, tenga todo su sentido.

Ernest Maragall
El País. 10 de mayo de 2010
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