Eliseo Moreno Burriel
Presidente Sector Nacional Enseñanza CSI-F

de Educación que más interés ha despertado en la sociedad española ha sido la propuesta de un Pacto de Estado social y político por la educación. Dos preguntas nos surgen inmediatamente: ¿por qué? y ¿para qué? es necesario ese Pacto que reclama no sólo el Ministro, sino la propia sociedad.
Aunque la educación española ha mejorado notablemente en estos treinta años de democracia, los indicadores que publican los informes internacionales manifiestan una situación preocupante. Las tasas de fracaso escolar y las de abandono temprano en los estudios sitúan a España en los últimos lugares de los países desarrollados, la violencia en los centros está produciendo una desmotivación del profesorado para el ejercicio de la docencia que está poniendo en peligro la viabilidad del sistema a no muy largo plazo. La descentralización educativa  completada al final de la década de los noventa del siglo pasado suponía un importante paso cualitativo en la mejora de la enseñanza. Sin embargo, la carrera de las Comunidades Autónomas por avanzar, sin contar con las demás, y la dejación de funciones del Ministerio de Educación han posibilitado que se estén configurando en España diecisiete sistemas educativos diferentes y competitivos entre sí. Todo ello ha dado como resultado una profusa y cambiante legislación nacional y autonómica que ha introducido una inestabilidad propiciando la escasa rentabilidad del sistema. 
De lo dicho sacamos en consecuencia que en los treinta años que llevamos de democracia, las fuerzas políticas parlamentarias no han sido capaces de llegar a acuerdos básicos sobre la educación. Para CSI-F la razón principal de esta situación está en que los partidos que han gobernado nuestro país durante este tiempo no han considerado la educación ni como un asunto de Estado, ni como tema estratégico del Estado.
Durante este periodo ha habido acuerdos de Estado en el empleo, en Justicia, en el tratamiento de la violencia de género, en infraestructuras, en Sanidad, en pensiones, y otros. Sin embargo, resulta curioso echar la vista atrás y ver que el único acuerdo sobre educación que se ha llevado a cabo durante este periodo corresponde a los Pactos de la Moncloa en el año 1977. Este Acuerdo propugnaba “la gratuidad de la enseñanza mediante la construcción, equipamiento y atención a los gastos de funcionamiento y de profesorado de los puestos escolares que se incluyan en el Plan Extraordinario de Escolarización de 40.000 millones de pesetas. A tales efectos se crearán 400.000 plazas de Educación General Básica, 200.000 nuevas plazas de Educación preescolar y 100.000 nuevas plazas de Bachillerato Unificado Polivalente durante 1978. Se estudiarán, de cara al Presupuesto de 1979, las medidas que tiendan a la adecuada retribución del profesorado; se considerará la gratuidad total de servicios de comedores y transporte, en los niveles de enseñanza obligatoria, cuando se impongan como necesarios para los alumnos de concentraciones escolares”. Es decir, nos tenemos que remitir al periodo preconstitucional para encontrar un acuerdo sobre educación. Un acuerdo que significó, probablemente, la mayor acción pública sobre la educación pública del periodo pre y constitucional. Teniendo en cuenta que el acuerdo se firmó en medio de una gravísima crisis económica y social, sorprende que sevdesarrollara el programa más ambicioso de nuestra reciente historia en lo que se refiere a la construcción de centros públicos y plazas de profesorado de la enseñanza pública.

Numerosas leyes

Esta falta de acuerdo político en educación no ha impedido que durante este periodo los legisladores hayan aprobado numerosas leyes educativas con el único punto en común de hacerlo sin el consenso necesario para la estabilidad del sistema. Cada partido, al llegar al poder, aprobaba su ley educativa que salía adelante con el voto en contra del principal partido de la oposición. Así se aprobó la LODE que anulaba la LOECE . La LOGSE llevaba al cuarto del olvido a la LGE, que a su vez era retirada por la LOCE. El último capítulo de esta fallida historia lo escribió la LOE que envió al infierno a la LOCE. Claro, esto dicho así no parece trascendente. Pero si pensamos que cada ley conlleva un importante conjunto de Decretos, de Órdenes Ministeriales, de renovación del curriculum, de nuevas pautas de programación, de nuevas formas de evaluación, etc, comprenderemos el hastío que todo esto ha causado tanto en el profesorado, como en el alumnado así como en las propias familias.
El resultado de esta política consistente en utilizar la educación como herramienta electoral para la caza de votos de los incondicionales nos ha llevado a la actual situación. Una situación que coloca al sistema educativo español por debajo de la media de los países de la OCDE y a la cola de los países de nuestro entorno social y económico y, lo que es más importante, un sistema que no sirve a las necesidades de la sociedad española para el momento actual. Durante estos treinta años de democracia los indicadores de la sociedad española en sanidad, infraestructuras, consumo, producción económica y bienestar social han situado a España entre los diez países más desarrollados del mundo. Sin embargo, en educación ocupamos el puesto treinta. Esta es la verdadera situación y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, la diferente evolución de la educación y el resto de indicadores modernizadores de la sociedad española. Por eso, cuando oímos esas voces que culpan del mal momento de la educación al atraso precedente, creemos que lo único que están haciendo es tratar de  justificar su propio fracaso que nos quieren trasladar a todos los españoles.
Por todas estas razones necesitamos un Pacto de Estado por la Educación. Un pacto que suscriban el mayor número de fuerzas políticas, pero para el que es imprescindible que sea apoyado por los dos principales partidos del Parlamento español, PSOE y PP. Pero, este acuerdo que tiene una importancia estratégica para la sociedad española, tiene que estar acompañado de la firma de otros muchos actores de la comunidad educativa entre los que no pueden faltar los Sindicatos de Enseñanza de la Mesa Sectorial Nacional,  entre los que se encuentra CSI-F. Estos sindicatos llevan la voz del profesorado y no pueden faltar a la cita porque entonces estaríamos construyendo un edificio sin la solidez que requiere el sistema.

Estatuto Docente

Aunque ya hace tiempo que los responsables nacionales y autonómicos reconocen el papel central del profesorado en la rentabilidad del sistema educativo, la realidad es que es mucho más lo que dicen que lo que hacen. Dos ejemplos nos sacarán de dudas. El Estatuto Docente es una vieja aspiración del profesorado para ordenar su situación jurídica así como para implantar medidas que consideramos imprescindibles, como la prórroga de la jubilación LOE y la regulación de la carrera profesional. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones de unos y otros la realidad es que ni con el anterior equipo del Ministerio, que no tuvo la fuerza ni valentía de poner en un papel las propuestas que nos dijo de boca,  ni el actual,  que prometió un borrador en breve, pero a día de hoy nadie sabe nada de él.
Otro punto fundamental para el profesorado es la eliminación de la violencia de los centros. Aquí ocurre una cosa bastante curiosa. Es verdad que las Administraciones han puesto manos a la obra para resolver la conflictividad y los casos graves. Es verdad que en estos casos graves se ha producido la intervención inmediata de Administraciones y Fiscalía. Los casos graves se han reducido notablemente y el profesorado y nosotros estamos satisfechos de la atención recibida. No obstante, existe otro tipo de conflictividad, lo que en CSI-F denominamos de “baja intensidad” (nos congratulamos de que cada vez más gente utilice el término que fue puesto en valor por nosotros) refieriéndose a los pequeños actos de indisciplina que ocurren todos los días y en todos los centros de enseñanza de este país, con mayor incidencia en la Secundaria. Insultos leves, desobediencias, desprecios, descalificaciones, etc, que no suscitan titulares y, sin embargo, son la principal causa, tanto de las bajas médicas por depresión, como de la desmotivación del profesorado. A pesar de lo que decimos, que sin duda es conocido por las Administraciones, hasta el momento, este tipo de violencia no ha recibido la atención por parte de los responsables educativos y, lo que es peor, no se ha diseñado ningún tipo de respuesta para su eliminación. La única herramienta puesta al servicio del profesorado es anotar una falta de disciplina en el expediente del alumno infractor, aspecto que suele ser tomado con muy poca seriedad en el alumnado por su escasa traducción en algún tipo de respuesta punitiva contra él.
Por tanto, un Pacto de Estado que tenga en cuenta no sólo al profesorado, por la importancia que tiene en el desarrollo del sistema, sino también tiene que tratar otros temas como:
- Inversión educativa. La inversión educativa debe crecer hasta alcanzar, en un periodo razonablemente corto, el 7% del PIB. Las diferencias en este momento con la media de la OCDE son de 1,1% del PIB español. Aunque reconocemos que no todo se resuelve con más inversión pública, es evidente que mientras tengamos estas diferencias será difícil que salgamos de los últimos lugares que ocupamos.
- Apuesta por la enseñanza pública. Hay que apostar por la escuela pública. La política seguida por todos los gobiernos de olvidarse de la escuela pública y potenciar las redes alternativas, es una de las causas que nos ha llevado a la situación actual. Deben de asumir, ya de una vez por todas, que de esta situación sólo nos sacará la escuela pública, pero para eso necesita los apoyos que ahora no tiene, y, sobre todo, hay que evitar que se convierta en el elemento residual del sistema. Desgraciadamente, la privatización avanza de forma continua con los gobiernos de todos los signos,  porque creen de forma errónea que la concertación es mucho más barata. Esta forma de concebir la educación constituye  una política suicida del Estado a largo plazo.
- Fomento de la convivencia y disciplina en los centros educativos. Es necesario establecer una serie de medidas encaminadas a la eliminación de la violencia en los centros docentes, tanto el acoso o bullying entre los alumnos, como la dirigida hacia los profesores y otro personal del centro. Todos los informes publicados hasta la actualidad señalan que la violencia probablemente sea el principal problema de la educación española. Especialmente hacemos referencia a la que en CSI-CSIF denominamos violencia de baja intensidad que es  la más frecuente, la más difícil de corregir y la que más afecta al profesorado, tanto en el desempeño de la profesión como en lo que se refiere a su salud. Nosotros aseguramos que “donde hay violencia no hay educación”. Para conseguir este objetivo resulta absolutamente imprescindible el reconocimiento del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de la docencia y superar la ignorancia de quienes confunden autoridad con autoritarismo.
- Reforma de las Enseñanzas Medias. El principal tramo de baja rentabilidad del sistema lo constituyen las enseñanzas medias. Erróneas ideas para organizarlas y la introducción de la comprensividad han llevado a este tramo a una situación de desorientación, que lo están convirtiendo en el lastre del sistema y donde se concentra el mayor porcentaje de fracaso escolar. Desde la reforma del bachillerato, para ir hacia uno que comprenda tres cursos escolares, pasando por la reforma de la Secundaria Obligatoria para introducir mayores dosis de flexibilidad como reconoce el propio Ministro, hasta impulsar la Formación Profesional para conseguir mayores cuotas de formación laboral, y que los alumnos que dejan el sistema educativo para incorporarse al mercado laboral, sin duda revertirá en conseguir que abandonen más tarde, pero sobre todo, mejor preparados, es una tarea que no podemos dejar pasar mucho tiempo.
- Atención a los tramos de Infantil y Primaria. Debe haber consenso en la consideración de tramo educativo a la Educación Infantil para lo que es necesario potenciar la oferta de plazas públicas en el primer tramo, dotar de profesorado titulado de los Cuerpos Docentes y buscar la manera de coordinar estos centros con los de titularidad pública.
Para que todos estos cambios sean posibles es necesario un cambio de paradigma en el proceso enseñanza-aprendizaje: el respeto al profesor y a los compañeros como principio básico para la creación de un buen clima de trabajo necesario en el proceso enseñanza- aprendizaje, la consideración del esfuerzo como un valor necesario para conseguir las metas y objetivos que se plantea el ser humano, la recuperación del ejercicio de la memoria como factor positivo en la formación integral del alumnado y, finalmente, la valoración de los contenidos como base de la formación académica del alumno.
Para concluir esta reflexión, diremos que para CSI-F el Pacto aportaría al sistema una estabilidad que ahora no tiene, sería una garantía de que, ante cualquier cambio de gobierno, los temas incluidos en el acuerdo quedarían al margen de la lucha partidista. Un acuerdo que no constituye un fin en sí mismo, sino que es una herramienta de trabajo para superar la situación de atraso que experimenta nuestra educación; una herramienta que sirva tanto a la superación de las desigualdades de origen como a la modernización de la sociedad española.