Madrid. R.C.
Los centros de ESO y Bachillerato de Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja introducen este curso las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que ya había comenzado a impartirse en el resto de las autonomías el pasado año. No obstante, hasta el curso 2009-10 no llegará a Primaria.
Mientras el Tribunal Supremo ha anunciado que antes de fin de año resolverá los recursos que han presentado los padres contrarios a que sus hijos reciban formación en esta materia. En este Tribunal han llegado los recursos procedentes de Andalucía, Asturias y Cataluña. Actualmente, más de medio millar de recursos se tramitan en tribunales superiores y juzgados, bien de los padres contra la denegación administrativa del derecho a objetar, bien de determinadas administraciones autonómicas contra la decisión de tribunales superiores de justicia y juzgados ordinarios de reconocer el derecho a la objeción. Los padres objetores denuncian que la LOE incumple el artículo 27.3 de la Constitución que determina que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y oral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por lo que consideran que la asignatura invade el terreno de la moral.

Resoluciones contradictorias

En este sentido, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha precisado que los tribunales tramitan unos 500 asuntos sobre esta materia, litigiosidad que considera “excesiva” y en la que han recaído “un sinfín de resoluciones contradictorias”. También ha señalado que el Servicio Jurídico del Estado está intentando que el Supremo unifique el criterio “tan dispar” que están manteniendo algunos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Algunos de los recursos planteados impugnan los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura alegando “adoctrinamiento ideológico contrario a la libertad de conciencia o libertad religiosa de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos”. Para Joaquín de Fuentes, el núcleo del debate está entre el TSJ de Andalucía, que ha entendido que hay derecho a la objeción de conciencia y que la disciplina académica es contraria al principio de “no adoctrinamiento ideológico”, y los de Cataluña y Asturias, que plantean una tesis contraria.

Normalidad

Por su parte, de “inconcebible e inadmisible” ha calificado el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, la oposición de las comunidades autónomas del PP a la asignatura. También ha afirmado que la conflictividad por la materia en los centros es “inexistente” y que muchas objeciones las presentan personas sin hijos. En esta línea, Manuel de Castro, secretario de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, reconoce que el pasado se impartió con normalidad la materia en sus centros.
Ante la disparidad de criterios de las comunidades gobernadas por el PP, los consejeros de educación populares deben reunirse en Madrid, con el fin de alcanzar el consenso en la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía.
Asimismo, Mercedes Cabrera ha reiterado que esta asignatura forma parte de una ley aprobada en el Parlamento y que “los primeros que tienen que cumplirla son las administraciones, es decir, la Administración General del Estado y las autonómicas”. Para la ministra de Educación, Política Social y Deporte, se trata de una materia “como cualquier otra y no cursarla tiene las mismas consecuencias que no cursar otra materia obligatoria, independientemente del valor que la asignatura tenga en sí misma”. También ha declarado que su Departamento “hará lo todo lo que haya que hacer para cumplir la ley”. “Una cosa es un recurso con respecto a los contenidos y otra que la asignatura no se imparta; esto incumple la ley”, afirmó.