Madrid. M. GIRÓN
Videojuegos en los que se incita a matar, torturar y practicar todo tipo de actos violentos están al alcance de cualquier niño en España, según denuncia Amnistía Internacional. Esta organización pide al Gobierno una legislación estatal que ponga fin a la indefensión de los menores ante este tipo de productos de entretenimiento “que banalizan la violación de los derechos humanos”.
Cerca de 3’5 millones de menores consume videojuegos a través de la consola, el teléfono móvil e Internet, un sector que mueve anualmente en España 790 millones de euros. De ellos, tres cuartas partes reconoce que lo hace con títulos recomendados para mayores de 18 años, según el estudio de Amnistía Internacional, basado en datos de la Asociación Española de distribuidores y Editores de Software y Entretenimiento (ADESE).

Autorregulación

En la actualidad, solo existe un código de regulación asumido de forma voluntaria por la propia industria, a través del sistema de clasificación por edad PEGI (Sistema Panaeuropeo de Información sobre Juegos). Este sistema establece una recomendación del producto por edad y por contenido, con símbolos visibles en la carátula del mismo.
En su estudio, Amnistía Internacional ha constatado que numerosos videojuegos incumplen esta normativa, especialmente en su publicidad y promoción, ya que solo muestran la categoría de edad y eluden la relativa al contenido: violencia, drogas, sexo. Y cuando aparece, en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad.
Por eso, esta organización hace hincapié en el deber que tiene el Estado Español de proteger los derechos de la infancia, así como de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, estableciendo las medidas oportunas para eliminar cualquier forma de discriminación. “No puede eludir ese deber en los videojuegos y menos dejarlo en manos de la voluntariedad de las empresas”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
Asimismo, denuncian que de las 17 comunidades autónomas, seis poseen una legislación ambigua sobre la protección del menor en el acceso a videojuegos con contenidos perjudiciales, y dos de ellas, Baleares y el País Vasco, carecen de legislación al respecto. Además, no se han desarrollado reglamentos para la aplicación de estas leyes, por lo que no hay posibilidad de sanción a las empresas.