Madrid.
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha celebrado unas Jornadas educativas de debate y de acción sindical, en las que se ha analizado el recorrido parlamentario de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y se han concretado aún más las propuestas de esta organización sobre el futuro Estatuto de la Función Pública Docente y la promoción profesional del profesorado. Según esta organización, dicho Estatuto “debería ser la fórmula jurídica que regule el conjunto de derechos y deberes de los trabajadores de la enseñanza pública” y, por tanto, “definir los perfiles profesionales adecuados para el servicio público educativo”.
CC.OO recuerda que los funcionarios docentes pertenecen a cuerpos estatales, por lo que el contenido del Estatuto deberá ser “de carácter básico para todo el Estado, siendo el marco de referencia para los que posteriormente puedan elaborar las comunidades autónomas”. Por ello, deberá “preservar el equilibrio necesario entre los perfiles que definen la profesión docente, que son únicos e iguales para todo el Estado, y la especificidad que aporta la comunidad en que se ejerce”. En definitiva, defiende “políticas de Estado para la función docente, basadas tanto en la homologación interterritorial como en el respeto a las competencias y en el consenso entre las administraciones”.

Convergencia con Europa

En cualquier caso, cree que uno de los objetivos del Estatuto será “evitar que haya 17 sistemas educativos totalmente distintos”. Y también “tiene que establecer los comienzos de un proceso de futuro avance hacia la convergencia de los sistemas educativos europeos. Por todo ello tiene que “regular todas las competencias estatales” en temas como el acceso a la función pública, la configuración de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema retributivo, los derechos sindicales, los sistemas de promoción y carrera profesional, la dirección de los centros, los traslados y la movilidad, la jornada y las vacaciones, la seguridad social, la jubilación y el sistema de clases pasivas, los concursos a puestos en el exterior, etc.
Según esta federación, el actual marco retributivo diseñado por la Ley 30/1984 “ha quedado desvirtuado con el paso de los años”, por lo que plantea una nueva asignación de complementos de destino, que se concrete en el nivel 24 para maestros y asimilados, nivel 26 para el profesorado de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y profesores técnicos de Formación Profesional y asimilados, y nivel 27 para catedráticos. También reclama un “reconocimiento económico” para el desempeño de tutorías, así como unas “retribuciones adecuadas” para quienes atiendan las “nuevas necesidades por actuaciones y compromisos concretos de los centros, derivados del desarrollo de las nuevas tecnologías, planes de innovación, participación en planes de apertura, etc.

Promoción efectiva

Además, reclama un “sistema de promoción profesional efectivo, ligado a la valoración de la práctica docente y laboral, con consecuencias retributivas, como existe en los países europeos vecinos”. Plantea una jornada laboral máxima de 35 horas semanales para todo el personal de los centros educativos, de las que entre 15 a 18 serían lectivas para los profesores, incluidas las dedicadas a tutorías. Sigue reclamando una reducción de la jornada lectiva de hasta un tercio de la misma para los mayores de 55 años, sin disminución de sus retribuciones. Y quiere que se prorroguen las llamadas “jubilaciones LOGSE”, y que se mantengan y mejoren las actuales posibilidades de jubilaciones voluntarias.
También propone unas ratios máximas de 20 alumnos por aula en Educación Infantil y Primaria, 25 en Secundaria Obligatoria y 30 en las enseñanzas postobligatorias, reduciéndose dichas proporciones en Infantil de 3 años, en unidades con alumnado de necesidades educativas especiales, en centros rurales, y en unidades mixtas y de difícil desempeño. Además, los centros en los que el alumnado inmigrante supere el 5% del total tendrán un personal específico del apoyo, tanto docente como no docente.

Acceso y estabilidad

Según el documento aprobado en estas jornadas, el acceso a la función pública docente ha de hacerse mediante un concurso-oposición, en el que ambas partes tengan “un peso análogo”. En el concurso deberían valorarse “los méritos de formación académica y permanente, así como la experiencia previa hasta donde la permite la amplia jurisprudencia constitucional”. Y la oposición tendría que estar ligada a la práctica docente en cada uno de los cuerpos y a los aspectos didácticos de la misma, “alejándose todo lo posible de planteamientos memorísticos”.
Por último, CC.OO apuesta por unas ofertas públicas “que permitan alcanzar el mayor nivel posible de empleo estable”, y que la tasa de eventualidad (interinos) no supere el 8% del total de efectivos. Quiere que se mejore el actual mecanismo de promoción desde los cuerpos del Grupo B a los del Grupo A, así como desde estos últimos en los niveles no universitarios a las enseñanzas superiores. Y pide que se garantice “ el derecho a la movilidad geográfica dentro de cada comunidad autónoma y en todo el territorio del Estado a través de los concursos de traslados”.