Madrid. R.C
Tras finalizar el trámite parlamentario en el Senado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) se publicará en el Boletín  Oficial del Estado, previsiblemente, la próxima primavera. La norma entrará en vigor, tras su publicación en el BOE, y la primera medida será diseñar el calendario, que especificará los plazos de implantación de los distintos apartados. Este nuevo proyecto legislativo derogará las anteriores leyes educativas LOGSE de 1990, LOPEG de 1995 y LOCE de 2002, pero mantiene la LODE.
Entre las primeras medidas de reforma, que se pondrán en marcha el próximo curso 2006-07, figuran las que hacen referencia a la participación, autonomía y gobierno de los centros y, más concretamente, a la elección de los directores, los proyectos educativos, el funcionamiento del consejo escolar, las normas disciplinarias y las convocatorias de oposiciones.
De igual modo, otro de los aspectos será el que afecta a la promoción de curso. Con la nueva ley, en Educación Secundaria Obligatoria se accederá al curso superior con dos suspensos y, excepcionalmente, con tres, si así lo decide el claustro de profesores. Las comunidades autónomas se encargarán de convocar las pruebas de recuperación. Los alumnos podrán repetir curso sólo dos veces a lo largo de los cuatro años de la ESO y nunca el mismo curso, menos el 4º curso porque es el último.

Aspectos polémicos

Uno de los aspectos más polémicos lo protagonizó la asignatura de Religión, que la nueva ley determina de “oferta obligatoria por parte de los centros y de elección voluntaria de los alumnos”. Esta materia será evaluable, pero su nota no influirá en el paso de curso, ni para la obtención de becas. No obstante, la LOE modifica la situación laboral del profesorado de esta asignatura, que será regulada por el Estatuto de los Trabajadores, por lo que la Conferencia Episcopal no podrá intervenir en sus condiciones de trabajo, ni despedirles por razones morales.
Durante el trámite parlamentario, uno de los puntos de fricción entre los distintos grupos políticos han sido las enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio nacional. El texto definitivo especifica que “los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para aquellas que no la tengan”.
Dependiendo de la fecha de entrada en vigor de la ley, el plazo de preinscripción en el nuevo curso 2006-07 podría estar cerrado, por lo que las modificaciones en los criterios de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos se pondrían en marcha el siguiente curso.
En el año académico 2007-08 se implementarán las modificaciones en los contenidos de las asignaturas de 1º y 3º de la ESO y en el siguiente curso 2008-09 los de 2º y 4º.

Profesorado

Entre las medidas que afectan más directamente al profesorado se encuentran la jubilación y las mejoras salariales. Además, la ley prevé intensificar la formación permanente de los docentes, el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la actualización de conocimientos en lenguas extranjeras. Paralelamente, el MEC ultima la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, cuya elaboración se lleva a cabo en colaboración con las centrales sindicales más representativas.
Por primera vez, una ley educativa va acompañada de la memoria económica correspondiente, que avala la financiación de las medidas de mejora. El gasto previsto para la puesta en marcha de las actuaciones que recoge la LOE será de más de 7.000 millones de euros hasta 2010. Una de las partidas se destinará a los Planes de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), especialmente diseñados para mejorar el aprendizaje de los alumnos, que el MEC financiará al 50% con las comunidades autónomas. Estos programas comenzaron el último trimestre del pasado curso en 600 centros y en el presente año se desarrollarán en 1.200 centros.
Por su parte, Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Política Social de PP, ha manifestado que su grupo presentará en el Senado las mismas alegaciones a la LOE que planteó en el debate del proyecto de ley en el Congreso, “a fin de preservar la libertad de elección de centro y el patrimonio cultural común, además de asegurar la evaluación de los alumnos en septiembre y el reconocimiento del profesorado”.