|
|
|
Madrid.
Pilar del
Castillo señaló durante su intervención el Pleno
del Consejo de Universidades, celebrado en Madrid el pasado día
21, que "una vez valoradas todas las aportaciones, y asumiendo la
responsabilidad que el Ministerio tiene en la promoción de la iniciativa
legislativa, enviaremos el texto (del anteproyecto de Ley de Universidades)
al Consejo de Ministros, para, previo dictamen del Consejo de Estado,
someterlo a su consideración y, si es aprobado, remitir el correspondiente
proyecto al Parlamento, institución que representa la sociedad
española y al que, finalmente, corresponderá el debate y,
en su caso, la aprobación de la Ley de Universidades".
Las modificaciones
anunciadas por la ministra Pilar del Castillo en el texto original del
borrador del anteproyecto de Ley de Universidades hacen referencia a la
composición de los órganos de gobierno de la universidad,
especialmente al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, y al Profesorado,
concretamente a su sistema de selección de acceso, que mantiene
la fórmula de habilitación, que inicialmente iba a tener
una duración de dos años y que ahora tiene carácter
permanente, y al establecimiento de la obligatoriedad de que el 25% de
los profesores de las universidades privadas estén habilitados
por el sistema público.
Interconexión
entre Universidad y sociedad
Tras
señalar que "el tema que ha suscitado mayor debate es el que
se refiere a la relación entre la Universidad y la sociedad",
Pilar del Castillo explicó en su intervención en el Pleno
del Consejo de Universidades que "el borrador del anteproyecto de
Ley de Universidades tiene como uno de sus objetivos fundamentales la
necesidad de que la sociedad participe en la Universidad, y que haya una
buena interconexión entre ambas, lo que viene determinado por las
consecuencias sociales y presupuestarias que implican las decisiones que
toma la Universidad".
"El borrador
se redactó –señaló la ministra- optando por una fórmula
que garantizara eficazmente este principio. Se trataba, y se trata, de
incrementar la eficacia de la implicación de la Universidad en
su entorno social y económico; se proponía, sencillamente,
un nuevo esquema de coparticipación y corresponsabilidad mediante
la presencia de representantes de la sociedad en el gobierno de la Universidad.
Se ha llegado a decir, en este sentido, que el borrador podría
ser anticonstitucional por vulnerar la autonomía universitaria.
Como ustedes saben, la primera defensora de la autonomía universitaria,
como no puede ser de otra manera, es la ministra de Educación".
A este respecto,
la ministra precisó en su intervención que "la conexión
entre Universidad y sociedad es compartida por la práctica totalidad
de las universidades europeas", y añadió que "en
aquellas que cuentan en sus órganos de gobierno con representantes
de la sociedad no se ha polemizado con que esa presencia suponga un ataque
a la autonomía universitaria, que está fundamentada en el
principio de libertad académica y se manifiesta en la libertad
de cátedra, de estudio y de investigación".
Órganos
de gobierno de la Universidad
A
continuación, Pilar del Castillo expuso la fórmula definitiva
que el MECD adopta en relación con los órganos de gobierno
de la Universidad: "El anteproyecto plantea la separación
del Consejo Social y del Consejo de Gobierno, de tal manera que el primero
estará compuesto en su totalidad por miembros de la sociedad, según
determine, como ocurre hoy, la ley de cada Comunidad Autónoma.
A efectos de garantizar una relación fluida entre Universidad y
sociedad, participarán en el Consejo Social el Rector, el secretario
general y el gerente de la universidad, con voz pero sin voto; de manera
recíproca, tres miembros del Consejo Social, incluido su presidente,
participarán en el Consejo de Gobierno, también con voz
pero sin voto".
"Se reforzarán
asimismo –explicó la ministra- las competencias del Consejo Social,
para que pueda asumir la supervisión de todas las actividades de
carácter económico de la Universidad y el rendimiento de
sus servicios: le corresponderá, entre otras funciones, la aprobación
del presupuesto y de la programación plurianual de la universidad,
dar su conformidad a la propuesta del Rector para el nombramiento del
gerente, la supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto
de la universidad, y la aprobación de la creación de las
fundaciones y otras personas jurídicas".
Por lo que
se refiere al Consejo de Gobierno, la ministra explicó que "será
el máximo órgano de gobierno de la universidad, que establecerá
sus líneas estratégicas y programáticas en los ámbitos
de la organización de las enseñanzas, investigación
y recursos humanos y económicos; lo presidirá el Rector,
que será miembro nato con el secretario general y el gerente, y
lo compondrá un máximo de 40 miembros, elegidos, en un 40%
por el claustro, en un 30% por el Rector, y el 30% restante será
elegido o designado (según dictaminen los estatutos de cada universidad)
entre los decanos, directores de escuela, de institutos universitarios,
departamentos, etc. La gestión ordinaria corresponde al Rector
con su equipo de dirección".
"Al Claustro
le corresponderá –indicó la ministra en su intervención
ante el Pleno- la elaboración de los estatutos. Tal y como se ha
puesto de manifiesto en distintas aportaciones, se hace necesario elevar
a dos tercios el requisito para aprobar la convocatoria de elecciones
a Rector, y el 51% de los miembros del Claustro, como mínimo, serán
profesores funcionarios doctores, y el 49% según decida la universidad.
La Junta Consultiva, con funciones de propuesta y asesoramiento al Consejo
de Gobierno, será modificada en su composición y estará
constituida por miembros elegidos por el Consejo de Gobierno entre profesores
e investigadores de reconocido prestigio, con los máximos méritos
docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones
positivas. En este diseño, el Rector, que continuará ejerciendo
la dirección, gobierno y gestión de la universidad, será
elegido directamente por la comunidad universitaria mediante sufragio
universal, libre y directo".
La
CRUE, insatisfecha
Tras
la celebración del Pleno del Consejo de Universidades, el presidente
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
y rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de
la Plaza, señaló ante los medios de comunicación
que las modificaciones introducidas en el anteproyecto de Ley de Universidades
"no satisfacen por completo a los rectores", y precisó
que en el Consejo de Gobierno de la universidad deben estar representados
todos los sectores de la comunidad universitaria, sin necesidad de obligar
por ley a que haya representantes del Consejo Social, ya que "ello
puede suponer, en algunos casos, un corsé que puede crear dificultades
y disfunciones".
Respecto al
sistema de acceso del profesorado contemplado en el anteproyecto, bajo
la fórmula de habilitación, Saturnino de la Plaza insistió
en la defensa del modelo propuesto por los rectores, bajo una fórmula
de acreditación.
El presidente
de la CRUE indicó asimismo que "aunque la fase de diálogo
entre el Ministerio y los rectores se ha dado por concluida, la CRUE mantendrá
abiertas sus posiciones y trasladará sus propuestas a los diferentes
grupos parlamentarios durante la fase de tramitación del proyecto".
Por su parte,
Ignacio Berdugo, rector de la Universidad de Salamanca y vicepresidente
de la CRUE, indicó que "no ha existido un pronunciamiento
o informe del Consejo de Universidades sobre el texto del anteproyecto,
ya que este organismo se ha limitado a conocer el informe presentado por
la ministra, pero no su articulado definitivo".
|
|
|