El MECD introduce modificaciones en el anteproyecto de Ley de Universidades

Los rectores expresan su insatisfacción por el texto, que será enviado al Consejo de Estado

Madrid.
Pilar del Castillo señaló durante su intervención el Pleno del Consejo de Universidades, celebrado en Madrid el pasado día 21, que "una vez valoradas todas las aportaciones, y asumiendo la responsabilidad que el Ministerio tiene en la promoción de la iniciativa legislativa, enviaremos el texto (del anteproyecto de Ley de Universidades) al Consejo de Ministros, para, previo dictamen del Consejo de Estado, someterlo a su consideración y, si es aprobado, remitir el correspondiente proyecto al Parlamento, institución que representa la sociedad española y al que, finalmente, corresponderá el debate y, en su caso, la aprobación de la Ley de Universidades".
Las modificaciones anunciadas por la ministra Pilar del Castillo en el texto original del borrador del anteproyecto de Ley de Universidades hacen referencia a la composición de los órganos de gobierno de la universidad, especialmente al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, y al Profesorado, concretamente a su sistema de selección de acceso, que mantiene la fórmula de habilitación, que inicialmente iba a tener una duración de dos años y que ahora tiene carácter permanente, y al establecimiento de la obligatoriedad de que el 25% de los profesores de las universidades privadas estén habilitados por el sistema público.

Interconexión entre Universidad y sociedad

Tras señalar que "el tema que ha suscitado mayor debate es el que se refiere a la relación entre la Universidad y la sociedad", Pilar del Castillo explicó en su intervención en el Pleno del Consejo de Universidades que "el borrador del anteproyecto de Ley de Universidades tiene como uno de sus objetivos fundamentales la necesidad de que la sociedad participe en la Universidad, y que haya una buena interconexión entre ambas, lo que viene determinado por las consecuencias sociales y presupuestarias que implican las decisiones que toma la Universidad".
"El borrador se redactó –señaló la ministra- optando por una fórmula que garantizara eficazmente este principio. Se trataba, y se trata, de incrementar la eficacia de la implicación de la Universidad en su entorno social y económico; se proponía, sencillamente, un nuevo esquema de coparticipación y corresponsabilidad mediante la presencia de representantes de la sociedad en el gobierno de la Universidad. Se ha llegado a decir, en este sentido, que el borrador podría ser anticonstitucional por vulnerar la autonomía universitaria. Como ustedes saben, la primera defensora de la autonomía universitaria, como no puede ser de otra manera, es la ministra de Educación".
A este respecto, la ministra precisó en su intervención que "la conexión entre Universidad y sociedad es compartida por la práctica totalidad de las universidades europeas", y añadió que "en aquellas que cuentan en sus órganos de gobierno con representantes de la sociedad no se ha polemizado con que esa presencia suponga un ataque a la autonomía universitaria, que está fundamentada en el principio de libertad académica y se manifiesta en la libertad de cátedra, de estudio y de investigación".

Órganos de gobierno de la Universidad

A continuación, Pilar del Castillo expuso la fórmula definitiva que el MECD adopta en relación con los órganos de gobierno de la Universidad: "El anteproyecto plantea la separación del Consejo Social y del Consejo de Gobierno, de tal manera que el primero estará compuesto en su totalidad por miembros de la sociedad, según determine, como ocurre hoy, la ley de cada Comunidad Autónoma. A efectos de garantizar una relación fluida entre Universidad y sociedad, participarán en el Consejo Social el Rector, el secretario general y el gerente de la universidad, con voz pero sin voto; de manera recíproca, tres miembros del Consejo Social, incluido su presidente, participarán en el Consejo de Gobierno, también con voz pero sin voto".
"Se reforzarán asimismo –explicó la ministra- las competencias del Consejo Social, para que pueda asumir la supervisión de todas las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios: le corresponderá, entre otras funciones, la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la universidad, dar su conformidad a la propuesta del Rector para el nombramiento del gerente, la supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto de la universidad, y la aprobación de la creación de las fundaciones y otras personas jurídicas".
Por lo que se refiere al Consejo de Gobierno, la ministra explicó que "será el máximo órgano de gobierno de la universidad, que establecerá sus líneas estratégicas y programáticas en los ámbitos de la organización de las enseñanzas, investigación y recursos humanos y económicos; lo presidirá el Rector, que será miembro nato con el secretario general y el gerente, y lo compondrá un máximo de 40 miembros, elegidos, en un 40% por el claustro, en un 30% por el Rector, y el 30% restante será elegido o designado (según dictaminen los estatutos de cada universidad) entre los decanos, directores de escuela, de institutos universitarios, departamentos, etc. La gestión ordinaria corresponde al Rector con su equipo de dirección".
"Al Claustro le corresponderá –indicó la ministra en su intervención ante el Pleno- la elaboración de los estatutos. Tal y como se ha puesto de manifiesto en distintas aportaciones, se hace necesario elevar a dos tercios el requisito para aprobar la convocatoria de elecciones a Rector, y el 51% de los miembros del Claustro, como mínimo, serán profesores funcionarios doctores, y el 49% según decida la universidad. La Junta Consultiva, con funciones de propuesta y asesoramiento al Consejo de Gobierno, será modificada en su composición y estará constituida por miembros elegidos por el Consejo de Gobierno entre profesores e investigadores de reconocido prestigio, con los máximos méritos docentes e investigadores acreditados por las correspondientes evaluaciones positivas. En este diseño, el Rector, que continuará ejerciendo la dirección, gobierno y gestión de la universidad, será elegido directamente por la comunidad universitaria mediante sufragio universal, libre y directo".

La CRUE, insatisfecha

Tras la celebración del Pleno del Consejo de Universidades, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza, señaló ante los medios de comunicación que las modificaciones introducidas en el anteproyecto de Ley de Universidades "no satisfacen por completo a los rectores", y precisó que en el Consejo de Gobierno de la universidad deben estar representados todos los sectores de la comunidad universitaria, sin necesidad de obligar por ley a que haya representantes del Consejo Social, ya que "ello puede suponer, en algunos casos, un corsé que puede crear dificultades y disfunciones".
Respecto al sistema de acceso del profesorado contemplado en el anteproyecto, bajo la fórmula de habilitación, Saturnino de la Plaza insistió en la defensa del modelo propuesto por los rectores, bajo una fórmula de acreditación.
El presidente de la CRUE indicó asimismo que "aunque la fase de diálogo entre el Ministerio y los rectores se ha dado por concluida, la CRUE mantendrá abiertas sus posiciones y trasladará sus propuestas a los diferentes grupos parlamentarios durante la fase de tramitación del proyecto".
Por su parte, Ignacio Berdugo, rector de la Universidad de Salamanca y vicepresidente de la CRUE, indicó que "no ha existido un pronunciamiento o informe del Consejo de Universidades sobre el texto del anteproyecto, ya que este organismo se ha limitado a conocer el informe presentado por la ministra, pero no su articulado definitivo".